Ayer por la mañana se hizo público el auto de la sección
tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que rechazaba los recursos presentados por el gobierno de la Comunidad de Madrid y las empresas
adjudicatarias contra la
suspensión cautelar de la privatización de la gestión de seis hospitales
madrileños. Aunque el auto no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, que son las
irregularidades en el proceso de privatización, el TSJM sí veía indicios
suficientes para mantener paralizada la
privatización hasta haber dictado una sentencia firme.
Pero no nos confundamos: la decisión de iniciar la
privatización fue política, y la decisión de renunciar a la privatización
también lo ha sido. No se está cumpliendo una resolución judicial, como se dijo en la rueda de prensa de ayer por la tarde. El gobierno de la Comunidad podía haber decidido seguir recurriendo
decisiones judiciales como había hecho hasta ahora o esperar una sentencia firme, lo cual no habría
sorprendido a nadie, pues el empecinamiento del Partido Popular en este asunto
ha adquirido proporciones bíblicas.
El consejero
saliente dijo ayer que asumía la responsabilidad política del fracaso de la
privatización. Fue de las pocas veces que no le echó la culpa de los problemas
de la sanidad madrileña a los partidos de la oposición, como acostumbra.
Tampoco le reprocho la fidelidad a sus jefes. Pero, ¿cómo creer que la idea de
la privatización fue del Sr. Fernández-Lasquetty cuando pocos meses antes de
anunciar sus planes había declarado (aquí la entrevista) que no tenía previsto avanzar en
la privatización?
Esperanza Aguirre dimitió como presidenta de la Comunidad de
Madrid, por razones todavía hoy pendientes de aclarar, pocas semanas antes de
que se anunciase la privatización. No es descartable que renunciara a su cargo
para evitar el desgaste que suponía tomar esa decisión. Su sucesor, Ignacio
González, primero se quedó con las ganas de privatizar el Canal de Isabel II
cuando era su presidente, lo que no pudo hacer por la quiebra de Bankia, y ahora
tampoco consigue privatizar la gestión de seis hospitales que atienden a uno de
cada cinco madrileños. Da la impresión, por tanto, de que ninguno de los principales
responsables políticos del fracaso del intento de privatizar la gestión de seis
hospitales madrileños han asumido todavía su responsabilidad política.
Como es sabido, UPyD se opuso desde el principio a la privatización. Pensamos que aunque González haya decidido por fin dejar 'sin efecto' la privatización se deben seguir investigando las irregularidades que se han producido.
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